Mercado de Carbono y Bonos Verdes
Para esta fecha, todos hemos oído hablar del calentamiento global y el reto que implica para la humanidad. Por eso, debemos entender que no es un problema que tienen que atender únicamente los gobiernos. Grandes empresas emisoras de CO2 también están obligadas a su solución.
Por suerte, a pesar de lo complejo que puede resultar la incorporación de tecnologías limpias, el Mercado de Carbono y el financiamiento a través de Bonos Verdes, se presentan como oportunidades al sector privado para responder ante la crisis climática.
Un problema de enormes dimensiones
Desde el seno de la Organización de Naciones Unidas, el mundo ha venido asimilando la realidad impuesta por los límites de la naturaleza. Es por ello que hoy los países miembros han acordado restringir las emisiones de los gases de efecto invernadero, para evitar que la temperatura promedio del planeta supere en 1.5°C a la temperatura existente en etapa preindustrial.
La solución ideal requiere de sustanciales modificaciones en nuestros patrones de consumo, con especial atención en la sustitución de combustibles fósiles para la generación de energía, lo cual no parece viable sino en muy largo plazo.
Es así como se ha establecido NET ZERO, una estrategia para neutralizar las emisiones de carbono, mientras estamos en la transición hacia el uso definitivo de energías renovables, de manera que por cada molécula emitida de CO2 hacia la atmósfera, haya una reducción equivalente. Por otra parte, también existen proyectos enfocados a la modificación del clima a través de la Geoingeniería.
Sin embargo, mientras todo esto ocurre, el tiempo sigue transcurriendo, incrementando la urgencia por reducir las emisiones de gases efecto invernadero.
Mercado de carbono
En este contexto se viene desarrollando el mercado de carbono, un incentivo al sector privado para realizar inversiones que permitan reducir las emisiones de CO2, quien, en esencia, es el principal causante del calentamiento global.
Tiene su antecedente en lo que se conoció como Programa para la Lluvia Ácida ideado en 1990 en Estados Unidos, en el marco de la Ley de Aire limpio. Ante el desastre que estaba ocasionando el fenómeno de la lluvia ácida, surgió este programa y ya para 2001 habían logrado una reducción de 33% en las emisiones de dióxido de sulfuro y de 27% de las emisiones de óxido de nitrógeno, probando su efectividad.
En la actualidad existen dos esquemas bajo los cuales funciona el mercado de carbono: el mercado regulado -cap and trade- tal como el de la Unión Europea o el mercado voluntario donde no existe la figura de un ente regulador.
El mercado regulado, aplicado en la Unión Europea, se llama EU’s Emissions Trade System (ETS) y opera desde 2005. Actualmente es considerado el mayor mercado de carbono existente en la actualidad. Cada año, ETS establece un máximo permitido para las emisiones totales de carbono y asigna concesiones a cada una de las empresas. Estas concesiones son títulos intercambiables. Las empresas deben ajustarse a la cantidad de concesiones que le fueron otorgadas, o de lo contrario son multadas con montos significativos. Cuando una empresa se excede en la cantidad de gases emitidos, puede ir al mercado a comprar concesiones a aquellas otras empresas que lograron mantener sus emisiones por debajo del límite que les fue asignado.
Con el tiempo, las empresas van incorporando tecnologías que les permiten reducir sus emisiones de gases efecto invernadero y paulatinamente ETS va reduciendo también tanto el monto máximo de emisiones permitido como el número de concesiones otorgadas a cada empresa, gracias a lo cual se va logrando el fin último del programa, que es reducir las emisiones de gases efecto invernadero.
Por su parte, el mercado voluntario es un mecanismo mediante el cual una empresa acomete un proyecto que le permite reducir sus emisiones de gases. Dicho proyecto es supervisado y certificado por una agencia calificada para ello. Se realizan mediciones sistemáticas de sus emisiones de gases y por cada tonelada de CO2 que logre reducir, la agencia calificada emite un certificado que es negociable en el mercado de carbono.
Al no contar con un ente regulador, el mercado voluntario es más complejo en su funcionamiento, porque no hay un marco legal que guíe su operación. Sin embargo, existen varios estándares que mediante el establecimiento de indicadores clave, impulsan el desarrollo de este singular mercado.
Entre los principales estándares podemos mencionar a The Gold Strandard, Verra VCS y The American Carbon Registry. Todos ellos son agencias especializadas que evalúan y registran los proyectos elegibles en sus respectivos programas y una vez culminados verifican las mediciones de carbono, para luego emitir los certificados. Cada estándar voluntario les asigna un nombre diferente, pero en general estos certificados se conocen como créditos de carbono.
El mercado de carbono es considerado un mecanismo flexible y amigable con los negocios ya que incentiva a las empresas a realizar inversiones para reducir sus emisiones o a pagar para que otro lo haga, especialmente cuando el monto de la inversión requerida para lograr la transición tecnológica es demasiado alto. Por ello también se considera como un sistema cost effective.
Hay quienes consideran que el mercado de carbono representa una iniciativa insuficiente, que distrae recursos y entorpece la inversión en los proyectos que realmente son contundentes para superar la crisis climática, mientras que los defensores de este tipo de programa argumentan que la transición a tecnologías cien por ciento limpias es sumamente complicada y costosa, por lo que el mercado de carbono es una alternativa al alcance de las empresas para incorporar criterios ambientalistas en sus planes de inversión.
¿Cómo financiar la transformación tecnológica?
De acuerdo con modelos econométricos desarrollados por economistas y científicos especializados, el monto de inversión requerida para poder migrar a tecnologías limpias, ronda entre el 5% y 2% del PIB global. Vale señalar que la mayoría de estos modelos convergen hacia el 2%, por lo que no pareciera que fuera necesario descalabrar la economía mundial para poder cumplir con la meta de 1.5°C en 2050.
Claro está, 2% del PIB global es mucho dinero. Para tener un orden de magnitud, si asumimos que el PIB para 2022 puede ubicarse en una cifra alrededor de US$ 100 trillones, estaríamos hablando de aproximadamente US$ 2 trillones anuales durante los próximos 30 años.
Ante escenarios como este, los bancos de desarrollo tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional, en la primera década de 2000, comenzaron a emitir bonos verdes, utilizando dichos recursos para financiar proyectos amigables con el ambiente. Paulatinamente la base de inversores fue creciendo y hoy, además de bancos centrales, se han incorporado inversionistas institucionales y fondos de pensiones, quienes han constituido carteras de inversiones sostenibles dentro de sus portafolios.
Paralelamente, estos bancos de desarrollo mantienen programas de asistencia técnica para apoyar a gobiernos y empresas a fomentar el uso de estos instrumentos en sus mercados domésticos, con el propósito de profundizar el rol del mercado de capitales en la financiación de proyectos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental.
Entonces, ¿qué es un bono verde?
Es un instrumento de deuda pública o privada, destinado exclusivamente a financiar proyectos que generen beneficios ecológicos.
Se rigen de acuerdo con los Principios de Bonos Verdes GBP, dictados por La Asociación Internacional de Mercados de Capitales[1], como una guía para los diferentes agentes participantes bien sean empresas emisoras, agentes estructuradores y /o colocadores, de manera de otorgar transparencia e integridad al mercado y así incrementar la asignación de capital a las inversiones en tecnologías limpias.
Entre los requisitos para que un bono califique como verde destacan los siguientes:
Uso exclusivo de los recursos provenientes de la emisión en proyectos con un claro sentido ambientalista.
El proceso de evaluación y selección de proyectos es riguroso y transparente.
La administración de recursos debe realizarse mediante un sistema de cuentas contable independiente, para facilitar auditorías y reportes.
Se exige la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y la evolución del proyecto a ser financiado, mediante la presentación de reportes periódicos pre y post emisión.
Desde un punto de vista estrictamente financiero, el bono verde y su emisor son evaluados bajo los mismos criterios que cualquier otro bono: calificación crediticia, precio del bono, rendimiento, etc. Sin embargo, hay un elemento de riesgo que mejora la percepción para el emisor del bono verde, y es que una empresa que venga realizando en forma ordenada su plan de inversiones para mitigar el impacto ambiental de sus actividades, tendrá un mejor perfil que una empresa que se vea forzada a realizar este tipo de inversiones en un tiempo perentorio debido al surgimiento de una ley, lo que sin duda afectará su flujo de caja libre.
Otro elemento de importante consideración es que el emisor del bono verde tendrá acceso a aquellos inversionistas que sólo invierten en este tipo de títulos.
Por estas razones, ante la necesidad de acometer una inversión de cualquier índole, vale la pena considerar la incorporación de elementos conservacionistas en los proyectos. Los sectores elegibles no se limitan a la generación de energía, sino que incluyen optimización en el uso de materias primas, reciclaje, manejo de desechos, tratamiento de efluentes, entre otros.
Además, no se debe desestimar que la buena reputación de una empresa que se preocupa por la sostenibilidad ambiental, redundará en el reconocimiento y la valoración de sus marcas por parte de los consumidores.
Tanto los créditos de carbono, como los bonos verdes tienen mayor presencia en el mercado europeo y en segundo lugar en el norteamericano. Sin embargo, vienen cobrando auge en Asia y con mayor timidez en Latinoamérica. Evidentemente Venezuela aún no acusa registro de este tipo de instrumentos, pero en algún momento el país se abrirá a los mercados internacionales, por lo cual, vale la pena que las empresas venezolanas incorporen criterios ambientales en su gestión, para que en un futuro pueda acceder a estos esquemas de financiamiento.
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[1] La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por las siglas de su denominación en inglés, International Capital Market Association) es una asociación empresarial de autorregulación para los participantes en el mercado de capitales centrada en Europa.